La Fiscalía desvela en su última memoria las graves dilaciones de los casos de siniestralidad
Un accidente laboral ocurrido en 2001 no fue juzgado hasta el año pasado. Dos siniestros en el trabajo sucedidos en 2002 no fueron calificados por todas las partes hasta 2015. Un período de hasta 15 años de espera que ha tenido sus consecuencias judiciales. Estos datos son revelados en la última memoria de la Fiscalía de Siniestralidad de la provincia de Cádiz, que alerta de estas graves dilaciones y también de sus efectos. El año pasado el Ministerio Público contabilizó 642 causas iniciadas, tres de ellas por homicidio por accidente en el trabajo.
Según la memoria a la que ha tenido acceso la SER, una de las cuestiones que más lastran la investigación por accidente laboral es la «lentitud en la tramitación de estas causas en la fase de instrucción y en la fase intermedia». En 2015, dice el Ministerio Público, se ha conseguido que, al menos, haya más sentencias dictadas que escritos de acusación pero aún así las cifras dejan datos desoladores.
Por ejemplo, que en 2015 todavía aguardaba ser juzgado un caso ocurrido en 2001; dos, en 2002; cinco en 2004 y tres en 2005. Es decir, accidentes que han tardado más de una década en poder ser calificados y aspirar a ser sentenciados. «Estos dilatados períodos de tramitación no simplemente incrementan la dificultad de acreditación de los hechos investigados, sino que sus efectos se reflejan sobre las consecuencias penales», explica la memoria.
La Fiscalía admite que muchas penas se han reducido por las dilaciones indebidas y también porque los jueces han llegado a razonar que era «inadecuada» la pena de inhabilitación para profesión u oficio transcurridos varios años desde que se produjo el hecho.
El, hasta hace poco, fiscal de siniestralidad laboral de Cádiz, Ignacio Morales, ha admitido en la SER que «la justicia es muy lenta cuando tiene que ver con la siniestralidad». Explica que son «procesos complicados, no hay mucho personal y, a pesar del empuje que puedan dar los fiscales, se atascan en los juzgados».
Morales explica que parte de este retraso parte que de «la investigación previa de la Inspección de Trabajo requiere una larga espera» y, además, «hay muchas partes implicadas en un accidente y eso siempre retrasa». Con todo entona el «mea culpa» y asume que los accidentes laborales sufren «dilaciones muy grandes» en los juzgados, que suelen «empujar otros procesos que se conocen mejor».
El fiscal también concluye en esta memoria una clara reducción de los accidentes laborales en la provincia, en contraste a años anteriores. «Ha habido una gran labor de la Junta de Andalucía, la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social y las propias empresas para favorecer la cultura de la prevención», sostiene. Aunque reconoce que esta bajada en el número de siniestros también tiene que ver mucho con la caída de la actividad en la construcción «y la desaparición de pequeñas y medianas empresas que descuidaban la prevención».
Según los datos de la memoria de 2015, el año pasado se incoaron 642 causas por accidente laboral (la mayoría de ellas por lesiones), lo que son 25 más que en 2014. Al finalizar el año la Fiscalía revela que había 136 causas pendientes de tramitación, 20 de ellas por muerte en accidente. En 2014 había 138 causas pendientes.
