El grado de unidad de los representantes del sector primario a la hora de fijar las prioridades del futuro Gobierno, más allá de los intereses particulares, refleja la preocupación por el futuro de la actividad en Canarias.
El sector primario canario observa la campaña electoral con la frustración de quien no ha sido invitado a una fiesta de altura y aprieta los dientes esperando a que a última hora alguien se acuerde de su existencia. Pero lo que se juega el Archipiélago, advierten los productores y los representantes de los trabajadores, va mucho más allá de una pataleta. «Ni una frase dedicaron los candidatos en el último debate a plantear medidas para evitar la desaparición de la agricultura, la ganadería y la pesca. Estamos excluidos de la agenda política y nos están condenando a la desaparición», explica el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) Las Palmas, Roberto Goiriz, nada más arrancar el debate para analizar las que deben ser las prioridades del futuro Gobierno para evitar que su profecía se cumpla.
Coinciden todos en el dramático diagnóstico y en las medidas que urgen: «Las compensaciones al sector comprometidas por el Estado tienen que llegar en tiempo y forma», afirma Goiriz en su primer alegato. El secretario general del sindicato Sitca, Antonio Rodríguez, añade la necesidad de «blindar las ayudas en el Régimen Económico y Fiscal (REF)–se refiere al Posei, o a la compensación por el sobrecoste del transporte– de manera «que no se conviertan en moneda de cambio del gobierno de turno».
El presidente de la coordinadora agrícola y de ganaderos Coag Canarias, Rafael Hernández, incide además en la necesidad de que el Ejecutivo haga suya la demanda de que la concesión de ayudas al sector se vincule a la creación de empleo.
José Lorenzo, miembro del Comité Ejecutivo de Asprocan en representación de Plataneros de Canarias, expresa el deseo de que el Gobierno que salga tras el 26J coja el toro por los cuernos para hacerse escuchar en la Unión Europea para frenar los acuerdos que pretenden liberalizar el comercio –por ejemplo el TTIP que se negocia con Estados Unidos–, flexibilizar las exigencias fitosanitarias y, de paso, dejar la producción local, «con costes más elevados y de mayor calidad», a los pies de los caballos, detalla José Lorenzo (Asprocan). En este capítulo de prioridades incluyen los representantes del campo canario «la falta de control», por parte de las autoridades europeas, de los cupos de entradas de tomate de Marruecos.
Tampoco se olvidan de exigir al Estado la «revisión» de la lista de productos que reciben ayudas a la importación a través del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), para sacar los que ya generan en las Islas y frenar «la competencia desleal que provocan», se lamenta Rodríguez.
Y apuntan también entre las asignaturas pendientes la aplicación en Canarias de La Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en 2013 para reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores:«La legislación fue muy bien recibida, pero no se han destinado recursos, como por ejemplo inspectores, para hacer que se cumpla la ley en las Islas».
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