Uno de los frentes de batalla a los que apuntan los planes de ajuste neoliberal dictados por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, y aplicados por igual por los ejecutivos socialdemócratas y conservadores, se sitúa en el terreno de las Administraciones públicas. (…).
Uno de los frentes de batalla a los que apuntan los planes de ajuste neoliberal dictados por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, y aplicados por igual por los ejecutivos socialdemócratas y conservadores, se sitúa en el terreno de las Administraciones públicas.
Aunque los despidos masivos, a través de EREs, constituyen la manera más expeditiva de «adelgazar» lo público para aumentar el nicho de negocio de las grandes empresas privadas, éste procedimiento se enfrenta inevitablemente a la resistencia de los damnificados y los sindicatos. Es por ello que tanto el Gobierno central como los autonómicos han optado, hasta el momento, por poner en práctica un procedimiento menos conflicto. La salida de miles de contratados y eventuales de las administraciones y de las empresas públicas o la imposición de una tasa mínima de reposición son dos de los mecanismos que están permitiendo reducir silenciosa, pero sistemáticamente, las plantillas de empleados públicos.
En Canarias, las administraciones han perdido más de 18.000 plazas en tres años, según los datos que figuran en las estadísticas del Ministerio de Administraciones Públicas.
Las corporaciones locales -cabildos y ayuntamientos- son las que más han sufrido esta merma de efectivos como consecuencia de expedientes de regulación de empleo, finalización de convenios y la «externalización de servicios». Eufemismo con el que se encubre terminológicamente la privatización de dichos servicios.
En julio de 2012 la plantilla de la Administración General del Estado en Canarias era de 26.930 efectivos. A mediados de 2015 era de 24.933.
En el caso de la Comunidad Autónoma, la disminución ha sido de unos 2.500 puestos de trabajo. A mediados de 2011 había 62.019 empleados públicos trabajando para la Administración autonómica, mientras que ahora hay 59.522. Las corporaciones locales han sido las que más han sufrido los rigores de la crisis y la caída del empleo público. Los siete cabildos y los 88 ayuntamientos canarios disponían de 45.646 efectivos de 2012. En 2015 se redujeron a 31.766. Es decir, 13.880 empleos menos.
Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) el escaso y precario empleo creado el pasado 2015 fue en su totalidad procedente del sector privado, mientras que el sector público destruyó puestos de trabajo.
Este escenario de caída del empleo público ha provocado múltiples problemas en el funcionamiento de la Administración y de servicios esenciales, ante la falta de personal y la amortización de los empleados que se han ido jubilando en estos años.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
