Las asociaciones agrarias anuncian movilizaciones en Canarias por la caída de la rentabilidad del sector. Planas reformará la ley de integración cooperativa para mejorar su competitividad
Los agricultores y ganaderos del archipiélago trasladarán al territorio insular las protestas agrarias por los bajos precios en origen de los productos agrarios, unas manifestaciones que se repiten en varios puntos de España desde finales de enero.
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Coag Canarias) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Canarias (UPA Canarias) concretarán hoy martes las fechas de las movilizaciones a las que se va a sumar el sector agrario de las islas.
El sector primario denuncia que la caída de la renta agraria –que representa el valor generado por la actividad de la producción agraria– ha bajado hasta tal punto que «prácticamente se hace insostenible mantener la actividad». El índice de precios origen-destino (Ipod), que elabora mensualmente Coag-Canarias revela que en enero de este 2020, los consumidores de las islas pagaron más del doble por los productos agrarios frescos en los lineales de los supermercados de lo que reciben agricultores y ganaderos por estos mismos productos, al situarse el diferencial en 2,31. Por productos, destacaron el puerro, cuya diferencia de precios entre origen y destino se ha multiplicado por 4,48; el pepino, con un diferencial de 3,96); la papaya (3,6); o la ternera, por la que el consumidor pagó 3,51 veces lo obtenido por el ganadero.
Medidas
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, confirmó ayer al consejo rector de Cooperativas Agroa-alimentarias de España que se modificará la ley de integración cooperativa con el objetivo de incrementar su dimensión, y mejorar su competitividad. En la actualidad, España solo cuenta con 11 entidades asociativas prioritarias reconocidas de ámbito supraautonómico, que concentran algo más del 10% de la facturación del sector cooperativo agroalimentario español. Agricultura destina 203 millones de inversión pública, dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural, para fomentar este tipo de entidades, principalmente a través de la financiación de inversiones para mejorar la transformación y comercialización.
Planas también se referió en la reunión a la próxima modificación de la Ley de la cadena alimentaria, con el objetivo de lograr un reparto más justo del valor de los productos agrarios a lo largo de la cadena. Esta modificación busca establecer una relación más precisa de prácticas comerciales prohibidas, una regulación contra la destrucción del valor de los productos agrarios y la obligatoriedad de la inclusión del coste de producción para el establecimiento de los precios en los contratos.
