El Gobierno de España trabaja en una nueva medida fiscal destinada a incentivar a las empresas que mejoren los salarios por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con una aplicación limitada exclusivamente al ejercicio 2026. La iniciativa forma parte de la negociación entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales en el marco de la próxima subida del SMI.
La propuesta plantea una deducción creciente en el Impuesto sobre Sociedades para aquellas empresas que incrementen los sueldos por encima del mínimo legal o amplíen la contratación con salarios superiores al SMI. El incentivo estaría vinculado tanto al número de trabajadores beneficiados como al porcentaje de mejora salarial aplicado.
Según los detalles adelantados, la deducción mínima rondaría los 130 euros por trabajador, pudiendo aumentar progresivamente hasta cubrir el 100% del coste adicional derivado de la subida del SMI, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Entre ellas, se contempla el mantenimiento del empleo, la no reducción de plantilla y el compromiso de conservar las mejoras salariales durante varios ejercicios posteriores.
El Ejecutivo pretende con esta fórmula favorecer la subida de los salarios más bajos sin trasladar todo el impacto económico a las empresas, al tiempo que busca acercar posturas con la patronal para alcanzar un acuerdo tripartito en la negociación del salario mínimo, que para 2026 se plantea elevar hasta 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas.
Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de críticas. Las principales organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, han calificado la medida de insuficiente y de difícil aplicación, argumentando que deja fuera a autónomos, pequeñas empresas, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, además de excluir a compañías que atraviesan pérdidas. También han advertido de que las condiciones exigidas podrían resultar inalcanzables para gran parte del tejido productivo.
Desde el ámbito sindical, aunque se valora positivamente cualquier incentivo que contribuya a mejorar los salarios, se mantiene cautela ante una medida que consideran compleja y que no debería sustituir a políticas estructurales de mejora salarial.
La iniciativa, que aún debe concretarse en su redacción legal definitiva, se integraría previsiblemente como una disposición adicional en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con un carácter temporal y limitado a 2026, lo que refuerza su condición de medida excepcional vinculada a la próxima subida del SMI.
En un contexto marcado por la inflación, la presión sobre el coste de la vida y la necesidad de reforzar el poder adquisitivo de los trabajadores, la propuesta abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre competitividad empresarial, fiscalidad y justicia salarial, así como sobre el papel del Estado en la promoción de mejores condiciones laborales.
