Las reuniones informativas semanales de la federación de cooperativas del trabajo se llenan de gente que quiere saber cómo funcionan, pros y contras… Algo inaudito hace unos años, pero un indicador informal de que la economía social despierta interés y sigue creciendo. El año pasado se cerró con más cooperativas de trabajo (122 nuevas, 3.105 en total) y un aumento de la ocupación del 3,7% (1.397 nuevos empleos, hasta 39.149 trabajadores en conjunto). El porcentaje de creación de empleo dobla el aumento de la ocupación registrado por el conjunto de sectores económicos (1,9%) después de cinco años consecutivos de caída.
Son datos de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña, que esta semana celebra su asamblea anual. Las cooperativas de trabajo (3.105 a cierre de 2013) constituyen el grueso de las 4.808 existentes en Cataluña, que incluyen las agrarias, de educación, servicios, consumo y vivienda. El sector estima que de forma indirecta da empleo a otras 119.000 personas.
El presidente de la federación, Perfecto Alonso, celebra que un año más desde 2009 las cifras sean positivas y resalta que al contrario que en otras situaciones —las crisis de los 70 o los 90, cuando se crearon cooperativas como respuesta a la quiebra de sociedades—, “desde 2000 se crean cooperativas como opción de modelo empresarial”. Alonso recuerda que la ley concursal de 2000 “bloquea la posibilidad de que los empleados continúen la actividad de las empresas”. “La ley está pensada para momentos de bonanza y para que todo el mundo cobre”, explica, “prevé la posibilidad de comprar la unidad productiva, algo difícil por parte de los trabajadores, que cuando las empresas entran en concurso suelen llevar tiempo sin cobrar y se han comido los ahorros, de modo que si se están creando cooperativas es por convicción, no porque sea la única alternativa”.
Las cooperativas son empresas más participativas y democráticas, donde los valores están muy presentes, de ahí que su resistencia a la crisis haya sido mayor: porque las decisiones se toman de forma conjunta y son más flexibles a la hora de ajustarse a situaciones coyunturales. Pero también quiebran: en 2013 se disolvieron 77 cooperativas. La respuesta de la federación es que el saldo de creación sigue siendo holgadamente positivo y que los cierres disminuyen año tras año (en 2009 fueron 165).
Los retos de las cooperativas son, en opinión de Alonso, “que su modelo se vea como modelo empresarial. Todavía hay mucha gente que piensa que una cooperativa no es una empresa”. Otros retos son “generar confianza para atraer inversiones e introducir elementos de corresponsabilidad en la gestión, con los valores cooperativos y al mismo tiempo profesionales”. Por ejemplo, explica, “en el caso de la cooperativa de L’Aldea, el gerente no actuó correctamente y el resto de socios, que se dedicaban a lo suyo, que es el campo, no intervinieron en la gestión diaria”.
La Federación de Cooperativas de Trabajo ha sido el principal impulsor junto a la Generalitat del programa Aracoop, en el que participan 34 entidades, las diputaciones, universidades, cámaras de comercio y colegios profesionales. El ejecutivo destinará 900.000 al programa, que busca ampliar el posicionamiento de las empresas de economía social como modelo empresarial viable, y que ganen presencia social; favorecer la creación de nuevas iniciativas y fortalecer su sostenibilidad.
El director general de Economía Social y Cooperativa, Xavier López, señala que la economía social “es un sector económico mucho más presente en nuestra sociedad de lo que imaginamos. La red logística de las farmacias, por ejemplo, es una cooperativa”, dice y sintetiza que el objetivo de Aracoop es “ponerlas en valor”.
En la misma línea de fomentar el cooperativismo, un reciente estudio sobre la poca efectividad de las políticas de empleo juvenil del Igop (el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB), dirigido por el catedrático Joan Subirats en el marco del programa RecerCaixa, apuesta por el fomento de la economía social e “incorporar cláusulas sociales en la contratación pública”. Esto es, que las administraciones públicas reservaran una parte del mercado a las empresas de economía social, lo que les garantizaría unos ingresos. Con los ingresos que obtuvieran, dice, podrían “afrontar inversiones con tranquilidad”, además de que provocarían un “impacto positivo en la sociedad y el territorio donde están implantadas”.
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