Sería, además, compatible con el trabajo y reduciría la pobreza extrema hasta un 60%. La prestación también consistiría en un complemento anual por cada hijo a cargo.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó este miércoles dos propuestas para establecer una renta mínima para trabajadores pobres en activo que permitan combatir la situación de pobreza severa que padecen 3 millones de hogares en España.
Las propuestas del organismo independiente incluyen una prestación, destinada tanto a desempleados como a trabajadores en activo, de hasta 430 euros mensuales para los hogares cuya renta anual sea inferior a los 2.840 euros –un 20% de la mediana de renta en España, situada en 14.203 euros en 2017, según datos del INE–. A esta prestación se añadiría un complemento de entre 1.200 y 1.680 euros anuales –dependiendo de cuál de las dos propuestas de la AIReF se aplicasen– por cada hijo a cargo, que podrían percibir también los hogares con una renta anual de hasta 8.521 euros.
La AIReF calcula que esta ayuda tendría un coste fiscal de 5.500 millones de euros y beneficiaría a 1,8 millones de hogares, reduciendo entre un 46% y un 60% la tasa de pobreza severa. El umbral de pobreza severa se sitúa actualmente en España en 355 euros al mes para un hogar de un individuo y 746 euros para uno con dos adultos y dos niños.
Con 3 millones de hogares en esta situación, lo que representa a un 6,9% del total, España tiene la segunda mayor tasa de la Unión Europea solo por detrás de Rumanía.
La idea de introducir una renta básica que incluyese tanto a trabajadores en activos como parados ha sido defendida en los últimos años por numerosos economistas y por algunos partidos políticos. Finlandia se convirtió en el primer país europeo en implementar un modelo piloto que consistió en una renta mensual sin requisitos para 5.000 parados en 2016, pero el Gobierno puso fin al proyecto tras unos resultados insatisfactorios. En España, Unidas Podemos propuso una renta básica de entre 600 y 1.200 euros durante la campaña electoral de las últimas generales, pero la propuesta no ha vuelto a situarse sobre la mesa. El informe de la AIReF publicado ayer se elaboró para evaluar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada a principios de 2017 para establecer una prestación de ingresos mínimos para trabajadores en activo.
El organismo defiende que sus dos propuestas reducen el coste de la elaborada por los sindicatos en 2.000 millones y alcanzaría a 700.000 hogares más. La ILP se presentó buscando «la creación de una nueva prestación que aplía la acción protectora de la Seguridad Social». La iniciativa persiguía una renta de unos 426 euros mensuales durante el tiempo en que una persona sin recursos no tuviera empleo y estuviese vinculada a la formación o búsqueda de trabajo. La propuesta de la AIReF se orienta a otro objetivo, legítimo y que debe atenderse, pero que no es alternativo a cubrir los vacíos de cobertura de la protección por desempleo. Lograron que el Congreso aprobara tomar en consideración su propuesta con el apoyo de todos los partidos de la cámara salvo el PP en febrero de 2017. En septiembre de ese mismo año, PSOE, Podemos, ERC, PNV y PDeCAT se opusieron a la alternativa presentada por el PP que se limitaba a configurar una comisión de estudio en el Congreso.
La AIReF, que ha emplazado a tomar la decisión de implantar esta medida al «ámbito democrático», ha insistido en que se trata de un coste fiscal «significativo», que debe enmarcarse en el contexto de déficit español y contar con una estructura de financiación. «Cuando se toma una decisión de este tipo, la financiación debe asegurarse a medio plazo para que no se convierta en contracíclica», según el organismo independiente. «Para mejorar la eficiencia y reducir el coste fiscal, se sustituirían las prestaciones existentes nacionales y autonómicas por la nueva propuesta, permitiendo a las comunidades autónomas complementar la prestación tanto en términos de cobertura como de generosidad», incluye el informe que alerta de la fuerte disparidad de programas entre regiones. El estudio detalla que la renta mínima debe ser una prestación no contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social, que se gestione a través de una ventanilla única que también pueda derivar casos a los servicios sociales o a políticas activas de empleo. También se propone que los solicitantes se inscriban en la Agencia Tributaria para reducir el riesgo de fraude y desarrollar herramientas para evaluar el seguimiento del programa.
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