Trabajo lanza un plan de choque para atajar el fraude con el contrato cuyo uso más está creciendo con la reforma laboral en un dispositivo cuya primera fase incluye supervisar las contrataciones de otras 69.000 compañías
La Inspección de Trabajo ha puesto el ojo en el contrato de fijo discontinuo, un formato cuyo uso está creciendo de manera exponencial tras la entrada en vigor de la reforma laboral con el comienzo del año y al que los expertos llevan tiempo señalando como el principal candidato para convertirse en el refugio del fraude con la temporalidad. Esto es, para situarse, junto con las crecientes jornadas parciales, como una herramienta clave para las trampas precarizadoras dirigidas a evitar que puestos estructurales de las plantillas sean ocupados por un mismo asalariado de manera continua y durante toda la jornada.
«Se trata de determinar si se trata de relaciones laborales con periodos de actividad y de inactividad o si en realidad esa figura contractual se utiliza para cometer fraudes», explica Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, que utiliza un ejemplo extremo para ilustrar este tipo de operativas: «Por ejemplo, un fijo discontinuo con once meses de actividad y uno sin ella sería, en principio, un empleado al que en lugar de contratarlo como indefinido se le aplica esta modalidad para intentar evitar pagarle el mes de vacaciones».
La Inspección ha puesto en marcha una campaña para chequear la situación laboral de los fijos discontinuos de 83.619 empresas, aunque las pesquisas se centran en un grupo de 14.601 en las que tras una revisión documental previa han aparecido indicios de la posible existencia de situaciones de fraude en la contratación que afectarían a una bolsa de 54.006 trabajadores, según los datos de una respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia.
La estimación previa sobre el alcance del presunto fraude apunta a una eventual concentración en actividades vinculadas a la hostelería y el turismo y a la agricultura, ya que casi la mitad de los contratos bajo sospecha se localizan en comunidades del arco mediterráneo y Baleares, mientras Madrid aparece claramente destacada en el primer puesto entre las de interior, y a una elevada prevalencia entre las microempresas, ya que las plantillas medias solo superan los seis trabajadores en Murcia, donde se duplica ese promedio.
Un modelo de contratación cuya frecuencia llega a multiplicarse por diez
El plan de choque contra este fraude, que reduce la jornada, los salarios y las cotizaciones del trabajador en la misma medida en la que la empresa se ahorra los periodos de inactividad, en los que además se produce un cobro irregular de prestaciones de desempleo, comenzó en mayo con un «envío masivo de cartas a empresas en las que se detectan, a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude, indicios de uso irregular de esta modalidad contractual, y a las que se les da un mes para regularizar la posible situación irregular», explica el Ministerio de Trabajo en su respuesta.
A partir de entonces, añade, «se inician actuaciones inspectoras en aquellos supuestos en los que no se ha procedido a la transformación del contrato» de fijo discontinuo en indefinido cuando esta última es la relación laboral adecuada para el puesto, fase en la que se encuentra ahora mismo el dispositivo.
«Hasta la fecha, las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en esta materia se habían centrado en los contratos temporales fraudulentos, así como en los celebrados a tiempo parcial que encubren jornadas de trabajo superiores a las pactadas», recoge la respuesta, que anota cómo «ahora se han intensificado de manera decidida las actuaciones dirigidas a vigilar que los contratos fijos discontinuos respondan a su normativa específica, vigilando que no encubran relaciones laborales que respondan a contratos indefinidos ordinarios».
