El plan estratégico refuerza las actuaciones de lucha contra el fraude en materia de contratación, con el foco en las compañías que presentan una alta tasa de temporalidad respecto a la media de su actividad.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a reforzar las actuaciones de lucha contra el fraude en materia de contratación, elevando la vigilancia hacia las empresas que presentan una tasa de temporalidad superior a la de la media del sector en el que operan. Es una de las líneas de control que contempla el borrador del nuevo Plan Estratégico para 2021, 2022 y 2023, que está ultimando el Ministerio de Trabajo. El documento, al que ha tenido acceso La Información, contempla varias vías para poner coto a los abusos de las modalidades de contratación eventual en los que radica la excesiva dualidad del mercado laboral español que tanto afean las instituciones europeas y que Yolanda Díaz se ha propuesto erradicar tanto a través de la actuación inspectora como mediante reformas estructurales.
Con la ayuda de medios tecnológicos y a través del cruce masivo de datos, la Inspección de Trabajo podrá detectar en qué empresas se registran unas cantidades de contratos temporales excesivas en comparación con lo que suele ser habitual en base a la media de su sector de actividad económica. Hay que tener en cuenta que en determinados sectores, como la hostelería, la restauración o el comercio, aunque también en otros con elevada presencia en el ámbito público como la educación o la sanidad, las tasas de temporalidad son de por sí muy elevadas, por lo que aquellas empresas en las que se superen estos niveles estarán bajo el foco de vigilancia de la Inspección. En cualquier caso, este solo será un indicador a tener en cuenta a la hora de iniciar una investigación que pudiera dar lugar a un acta de infracción y, en su caso, a una sanción por fraude.
Hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó recientemente una modificación del procedimiento administrativo sancionador para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda extender actas de infracción automatizadas sin intervención directa de un funcionario, es decir, que una suerte de ‘robot’ administrativo podrá multar a las empresas en caso de detectar posibles incumplimientos tras el análisis masivo de datos. Este procedimiento está pensado para atajar el fraude laboral en situaciones específicas como los abusos que se producen en la modalidad de contratación temporal. En este sentido, saltará la alarma cuando la aplicación informática detecte, por ejemplo, que una empresa genera un exceso de altas y bajas de contratos injustificadas, una práctica habitual que utilizan algunas compañías para para ahorrarse costes laborales.
Con la comparación con la media del sector se da un paso más en la detección de estos posibles fraudes. En la práctica, se trata de una herramienta similar a la utilizada por la Agencia Tributaria, que con frecuencia envía notificaciones a autónomos, pequeños negocios y empresas cuyos volúmenes de facturación están por debajo de la media del sector. En las misivas se detallan los ratios de los márgenes (bruto y neto) y cobros en efectivo o tarjeta, tanto del propio contribuyente, como del sector en el que se ubica su actividad. Si bien el documento es una mera comunicación, en él se advierte de que si la situación de «inconsistencia fiscal» -esto es, desajuste de sus ingresos actuales, con los pasados y con los de su sector- se prolonga, se iniciará un procedimiento de inspección.
De este modo, el Ministerio de Trabajo busca corregir algunos de los aspectos más nocivos del mercado laboral, no solo atajando los excesos de temporalidad por sectores concretos, sino también la contratación temporal de muy corta duración que afecta fundamentalmente a los jóvenes, así como las modalidades de fijos dicontinuos utilizadas de manera fraudulenta o la concatenación injustificada y prolongada en el tiempo de contratos temporales. Asimismo, se intensificarán las actuaciones sobre las empresas de trabajo temporal y sobre las empresas de servicios que, amparadas en contratos con clientes, precarizan las condiciones de trabajo.
Así, se reorientarán las campañas actuales, dirigidas a convertir los contratos en indefinidos, «exigiéndose responsabilidades con mayor contundencia». En este sentido, el borrador añade que «resulta imprescindible modificar el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para garantizar el carácter disuasorio de las medidas sancionadoras y reforzar la proporcionalidad de estas». Hay que recordar que el departamento que dirige Yolanda Díaz ya ha cifrado la cuantía de las nuevas sanciones que, si nada falla en la tramitación, entrarán en vigor a partir del 1 de abril. Las multas subirán un 20% para adecuarlas a la evolución de la inflación y la máxima rozará los 225.000 euros.
En paralelo, el Ministerio tiene previsto modificar el actual criterio técnico sobre contratación temporal de la Inspección para adaptarlo a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera contrario a derecho los contratos por obra o servicio determinado ligados a la subcontratación, de modo que las empresas de subcontratas ya no podrán, por sistema, mantener a sus trabajadores con contratos temporales, justificando que están condicionadas al mantenimiento del contrato mercantil con la empresa principal, y tendrán que hacerlos fijos. Esto se complementará con una reforma integral de la contratación y subcontratación empresarial para evitar que se utilice la externalización de servicios como método para ahorrar costes, reduciendo los estándares laborales de los trabajadores.
Esa reforma se debatirá en el marco del diálogo social, con la patronal y los sindicatos, en el contexto de las negociaciones para empezar a desmontar la reforma laboral de 2012 que se abrirán en cuanto se zanje el asunto de la regulación de los riders. Pero además, dentro de la batería de reformas comunicadas a Bruselas, Díaz prevé llevar a cabo una reformulación de las modalidades de contratación laboral, para generalizar los contratos indefinidos, devolver la causalidad a los temporales, adecuar la regulación de los contratos de formación y prácticas, revisar la aplicación de los fijos discontinuos e introducir mecanismos de flexibilidad alternativos a la temporalidad, penalizando el uso excesivo de contratos de muy corta duración y atajando el fraude laboral.