Como ya saben el próximo 28 de mayo de 2023 son las elecciones municipales y autonómicas. Sólo hace falta salir a la calle y ver cómo nuestras calles están empapeladas. Un año más nos citan a las urnas, pero creo que antes de que llegue esa fecha habría que puntualizar algunos datos relevantes.
Antes que nada, deberíamos tratar el gasto que realizan los partidos políticos con dinero publico en estas fechas electorales, gasto difícil de entender en estos tiempos, en una época digital donde todo el mundo tiene como mínimo móvil, donde se podrían enviar programas políticos y publicidad de cada partido abaratando los gastos en cartelería, actos públicos y demás parafernalias.
Canarias es una de las comunidades autónomas con la subvención para elecciones más alta, donde los partidos reciben 22.429,21€ por escaño obtenido mientras que la Comunidad de Madrid la subvención es de 21.999,28€. A ello hay que sumarle el gasto que hacen los partidos que según la ley es de 11 céntimos por habitante en las municipales y 55 céntimos por habitante en las autonómicas. Por ejemplo, en las elecciones generales de 2019, según el Tribunal de Cuentas, los 22 partidos que se presentaron gastaron 49 millones de euros en total. No nos olvidemos, dinero público.
Y nos vemos de nuevo antes unas elecciones, con la dura realidad de que la Seguridad Social sigue sin funcionar adecuadamente, todavía con protocolos propios de la pandemia, algo ya superado en todas partes. Una administración de la Seguridad Social que ha dejado de lado a una parte de la población, a nuestros mayores. Personas que, en su gran mayoría, debido a la edad, no están habituados al uso de ordenadores y cuando tienen un problema con su pensión o cualquier tipo de ayuda, necesitan acudir presencialmente a la Administración para que le solventen el problema, pero al llegar se encuentran con un “este tramite tiene que hacerlo online”, mismo modus operandi que los bancos. Una auténtica vergüenza intolerable.
También llegamos a estas elecciones con los Juzgados e Inspección de Trabajo prácticamente paralizados o bajo mínimos, donde se acumulan casos sin resolver. Multitud de trabajadores con despidos improcedentes o nulos, esperando que su caso sea resuelto, multitud de trabajadores que sufren acoso por compañeros o superiores que están a expensas de que un Juzgado resuelva su caso, multitud de trabajadores que están en condiciones laborales penosas esperando que un inspector acuda a su empresa para que puedan cambiar las cosas, etc.
Los políticos también llegan a estas elecciones con una de deuda enorme hacia sus ciudadanos, promesas incumplidas durante años, ayudas ya sean municipales, autonómicas o estatales que no llegan a todos los ciudadanos que lo necesitan, casas de VPO prometidas en anteriores campañas para los más necesitados que no llegan, mejoras en infraestructuras que no llegan, mejores servicios en atención al ciudadano en las Administraciones que no llegan, aumentos de personal en la Administración Judicial que no llega, y una larga lista de promesas que no llegan.
Sólo cabe esperar que entre ellos haya menos insultos y peleas en plenos y que empiecen a trabajar en todos los servicios públicos perdidos o privatizados desde 2012 y que han empeorado radicalmente la situación de los ciudadanos y la imagen de nuestras ciudades, como por ejemplo atención domiciliaria para dependientes, servicios de ambulancias, limpieza viaria, parques y jardines, centros de mayores, servicios de mantenimiento y extinción de incendios en medios rurales y un largo etc.
Estas son las consideraciones que, en mi humilde opinión, conviene tener presentes en el momento de votar, ahora que, de nuevo nos inundan de promesas, sonrisas y buenas intenciones, mientras pretenden que olvidemos los incumplimientos, o directamente las mentiras, de la última campaña electoral.
La memoria es y debe ser nuestra guía al votar.
