En este año 2016 el número de casos de acoso laboral y sexual en el trabajo se ha disparado. Esta situación que no es nueva, pero si alarmante en dicho año, se ha recrudecido de una forma brutal porque uno de los muchos elementos que ha tenido esta dramática crisis que padecemos en este país es la situación que están viviendo miles de trabajadoras; y digo trabajadoras porque de los casos que se han denunciado de acoso laboral, el 91,2% son mujeres y en los casos de acoso sexual en el ámbito del trabajo es del 99,6%. Estas cifras por sí mismas son escalofriantes.
Que un energúmeno, porque hay que llamarlos así, se crea con el derecho por su posición de propietario, mando jerárquico o por su condición de hombre a destruir la vida de una persona moral, psicológica, económica y someterlo una humillación, es lamentable. La insinuación con la excusa de la broma o el tocamiento bajo la excusa de la confianza entre compañeros o el presionarte para que realices una mayor cantidad de trabajo o funciones que pongan en peligro tu seguridad o trabajar más tiempo de lo que estipula tu contrato, hacen que muchas trabajadoras hace que el hecho de levantarse para ir a trabajar acabe siendo un calvario.
Una sociedad moderna donde se está legislando contundentemente y con toda la justificación del mundo en contra de la violencia de género, el acoso escolar o el acoso virtual, no se entiende como no se actúa en la misma medida contra el acoso laboral y sexual, en empresas, donde según fuentes de diferentes ámbitos, calculan que pueden ser víctimas de estos comportamientos, en torno a 30.000 trabajadoras. Los datos citados son casos denunciados a diferentes organismos pero, ¿cuántos miles de casos se mantiene en el anonimato por el miedo?. Entiendo que la Administración tiene una gran parte de culpa ya que ahora mismo se carece de una protección integral a las trabajadoras que sufren esta situación:
Apoyo jurídico y orientación gratuita.
Apoyo psicológico gratuito.
Creación de un servicio especifico dentro de la Inspección de trabajo que actué de inmediato.
Creación de un marco jurídico laboral con dichas trabajadoras para que se encuentren amparadas y protegidas mientras se clarifica su situación en el ámbito judicial. Y ¿por qué digo esto?, porque lo primero que encuentran cuando denuncia este tipo de casos es la carta de despido, represalias o directamente ser apartadas y aisladas de sus compañeros.
En España sólo el 16,6% de las empresas tiene protocolos aprobados y puestos en funcionamiento para los casos en los cuales un trabajador o trabajadora denuncian casos de acoso sexual o laboral.
En definitiva quiero terminar justificando el título de este artículo «NO, ES NO Y, ¿QUÉ PARTE DEL NO, NO ENTIENDEN?´´:
No tienen derecho a humillar, maltratar o mancillar su dignidad a ningún trabajador/a.
No tienen derecho a poner en peligro la salud psicológica de ningún trabajador/a
No tienen derecho a chantajear con su futuro laboral o económico.
No tienen derecho a que este compartimiento siga impune sin que todo el peso de la ley caiga sobre ellos.
Y por último ¿Qué parte del no, no entiende la Administración que sigue permitiendo estos comportamientos que en este año han aumentado un 33%?