
Antonio Rodríguez, secretario general de SITCA, manifiesta a Sitca.es que el Gobierno ha acogido con euforia mal disimulada los datos de paro registrado hechos públicos esta semana. Estas cifras ocultan una realidad fácilmente constatable: que las personas sin trabajo, aunque sean menos, reciben cada vez un trato peor. Todavía no está disponible la información correspondiente al último mes de 2017, pero la de noviembre refleja a las claras hasta qué punto el Estado ha ido retirando la protección a uno de los colectivos ciudadanos más vulnerables»
El número de inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal bajó en 290.193 el año pasado. Aunque todavía no se ha vuelto al nivel previo a la crisis, falta ya muy poco para que así sea. A 31 de diciembre había 3.412.781 parados, frente a los 3.128.963 con que cerró 2008.
Para empezar, sólo el 57,9% de los parados reciben algún tipo de prestación de la Seguridad Social, ya sea contributiva o no contributiva. Eso significa que más de un millón y medio carecen de toda ayuda de la Administración central para salir adelante. Al estallar la crisis, con un volumen de desempleo muy similar al de ahora, la tasa de cobertura se situaba en el 73,6%, según datos oficiales.
Más de un millón y medio de parados carecen de toda ayuda de la Administración para salir adelante. Aun así, quienes cobran la prestación contributiva son unos privilegiados en comparación con los perceptores del subsidio o de la renta activa de inserción, que ascienden a 430 euros fijos mensuales. Hay casi 900.000 parados en esta última situación, restringida a personas con especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo o para sobrevivir sin él. El gasto mensual en desempleo se ha reducido un 36% en diez años