Desde SITCA manifestamos nuestro profundo rechazo a las recientes declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral y la situación económica de las personas trabajadoras que no pueden acudir a su puesto de trabajo.
Feijóo ha calificado el absentismo laboral como un “cáncer que no podemos pagar”, ha cuestionado que una persona pueda mantener su retribución cuando no acude a trabajar y ha planteado la necesidad de adoptar medidas en esta materia “con o sin acuerdo” de los agentes sociales.
Desde SITCA creemos que estas afirmaciones abren un camino profundamente preocupante, especialmente cuando se mezclan bajo un mismo debate realidades completamente distintas: el fraude, las ausencias injustificadas, los permisos legalmente reconocidos y las bajas médicas derivadas de una incapacidad temporal.
No aceptamos esa confusión.
Una persona trabajadora de baja médica no es una persona que haya decidido libremente no acudir a su puesto de trabajo. Es una persona que atraviesa una situación de salud que le impide temporalmente desarrollar su actividad laboral y cuya incapacidad está sometida a valoración, control y seguimiento dentro del sistema sanitario y de Seguridad Social.
Desde SITCA defendemos que cualquier fraude debe ser perseguido con los mecanismos legales existentes y con todas las garantías. Pero perseguir el fraude no puede convertirse en la excusa para extender una sombra de sospecha sobre cientos de miles de trabajadores y trabajadoras enfermos, lesionados o temporalmente incapacitados para trabajar.
Nos preocupa especialmente que se cuestione el hecho de que determinados convenios colectivos garanticen o complementen la protección económica de las personas durante una baja. Esas mejoras no son privilegios ni regalos. Son derechos conquistados y pactados mediante la negociación colectiva entre empresas y representantes de las personas trabajadoras.
Si un convenio colectivo establece una mejora de la protección económica durante una incapacidad temporal, estamos ante el resultado legítimo de la negociación colectiva. Y desde SITCA advertimos con absoluta claridad de que cualquier intento de debilitar, limitar o vaciar de contenido esos acuerdos contará con nuestra oposición.
También rechazamos la idea de abordar una materia de esta importancia “con o sin acuerdo” sindical. Los sindicatos no somos un actor decorativo al que se escucha únicamente cuando está dispuesto a aceptar decisiones previamente tomadas. Representamos a millones de personas trabajadoras y somos parte esencial del diálogo social y de la negociación colectiva.
España puede y debe analizar el crecimiento de los procesos de incapacidad temporal. Debe estudiar sus causas, mejorar la gestión, reforzar la atención sanitaria, reducir las listas de espera, actuar sobre los riesgos laborales, prevenir enfermedades profesionales y perseguir las conductas fraudulentas allí donde realmente existan.
Pero hay preguntas que también deben hacerse.
¿Cuántas bajas se prolongan porque una persona trabajadora tarda semanas o meses en acceder a una prueba diagnóstica, a un especialista, a una intervención quirúrgica o a un tratamiento rehabilitador?
¿Cuántas incapacidades temporales están relacionadas con lesiones musculoesqueléticas, sobrecarga física, ritmos de trabajo, envejecimiento de las plantillas o deterioro de la salud mental?
¿Cuánto absentismo podría reducirse con una sanidad pública más ágil, una prevención de riesgos laborales más eficaz y mejores condiciones de trabajo?
Desde SITCA sostenemos que este debate exige rigor, datos y responsabilidad. No es serio convertir automáticamente la ausencia al trabajo en sospecha de fraude, ni presentar a quien enferma como una carga económica para el país.
Una sociedad avanzada no castiga económicamente la enfermedad. Previene, protege, controla cuando sea necesario y persigue el fraude cuando esté acreditado. Pero no señala colectivamente a las personas trabajadoras por el hecho de enfermar.
Por eso, desde SITCA rechazamos cualquier planteamiento que pretenda reducir la protección económica de las personas trabajadoras durante una incapacidad temporal, debilitar las mejoras conquistadas en convenio colectivo o utilizar el legítimo debate sobre el fraude para recortar derechos laborales.
Y lo decimos con la misma claridad con la que siempre hemos defendido la negociación colectiva: los derechos pactados se respetan, la enfermedad no se criminaliza y las personas trabajadoras no pueden convertirse, una vez más, en la variable de ajuste de los problemas estructurales del país.
SITCA estará enfrente de cualquier intento de avanzar en esa dirección.
